GUERRERO

martes, 3 de febrero de 2015

Ayotzinapa, Mèxico.Cuatro meses han pasado


Agencia SubVersiones
Valentina Valle
Lunes 2 de febrero 2015
La cita es frente al comedor, a las dos de la madrugada. Los estudiantes se forman, esperan el camión que los llevará a la Ciudad de México para participar a la octava jornada de movilización internacional «Acción global por Ayotzinapa».

Nadie habla abiertamente de eso, pero todos saben que al salir de la Normal Rural, nadie les garantiza que llegarán a su destino, nadie les asegura que no les pasará lo que le pasó a sus compañeros, asesinados y desaparecidos en la fatídica noche entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Raúl Zibechi, en su artículo La masacre como forma de dominación, escribe que «no estamos ante excesos policiales esporádicos, sino ante un modelo de dominación que hace de la masacre el modo de atemorizar a las clases populares para que no se salgan del libreto escrito por los de arriba […]».

El periodista uruguayo tiene razón, «la lucha sigue» pero los acontecimientos de Iguala se han vuelto un ejemplo, un asunto que despierta un terror sin nombre ni rostro, el terror de saber que al salir de tu casa, o de tu escuela, podrías no regresar, nunca, y no importa cuanta gente pedirá justicia por ti.

El «caso Ayotzinapa» lo demuestra: cuatro meses han pasado, el mundo entero se ha movilizado, pero los estudiantes no aparecen, ni vivos, ni muertos.

La versión oficial, la «búsqueda loca» y las razones de los padres de familia 

A nivel nacional el asunto empezó a complicarse casi en seguida y no porqué desaparecieron 43 jóvenes: en un país que cuenta con más de 30,000 desaparecidos, no asombraría si nadie se hubiera preocupado de un puñado de estudiantes levantados por unos policías al sueldo del crimen organizados.

Sin embargo, en esta ocasión, a unos días de los acontecimientos se movilizó la Coordinadora Regional Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), los maestros de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), la Federación de Estudiantes y Campesinos Socialistas de México (FECSUM), la Sección 22 de Oaxaca, el Frente Unido de Lucha FUL-APPO, habló el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), las Milicias Populares, las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo(FAR-LP) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Luego, alguien involucró al padre Alejandro Solalinde, le filtró informaciones –aparentemente verdaderas–, el padre las difundió y el ruido mediático se amplificó. Periódicos y televisiones empezaron a interesarse, aparecieron reporteros procedentes del otro lado del mundo, la sociedad civil internacional se enteró y «todos se volvieron Ayotzinapa». Las noticias acerca de la suerte de los 43 empezaron a recorrer frenéticamente todos los medios de comunicación.

Basándose en las declaraciones de los policías municipales involucrados y de algunos integrantes del cártel Guerreros Unidos (GU) detenidos, el gobierno mexicano construyó la versión oficial según la cual el ex-alcalde de Iguala José Luís Abarca ordenó a la policía municipal interceptar a los normalistas para evitar que sabotearan un acto político de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa.

Luego, estos mismos policías habrían entregado los estudiantes a GU, que a su vez los habrían confundido con miembros del grupo rival Los Rojos, los habrían matado y habrían desaparecido sus restos.

Esta versión, procedente directamente del crimen organizado, fue por un lado obviamente confirmada por cada delincuente que caía asegurado a la justicia y, por el otro, rotundamente rechazada por los padres de las víctimas que desde el principio denunciaron incongruencias y contradicciones.

Así, a pesar de las peticiones de las familias de abrir otras líneas de investigación, ésta fue la única a que se le dio seguimiento y el gobierno empezó una «búsqueda loca» de los estudiantes muertos.

Una fosa clandestina emergió en Iguala, luego otras en Cocula, luego vino el basurero municipal, luego el río San Juan, luego el Balsas. Entre las varias opciones posibles, el gobierno por fin escogió la calcinación en el basurero y la desaparición de los restos en el río San Juan.

El 7 de noviembre, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam declaró públicamente estos supuestos avances en la investigación. Sin embargo, el equipo argentino –los únicos forenses aceptados por los familiares debido a su independencia– afirmó en seguida que no había certidumbre científica o evidencia física de que los restos recuperados en el río correspondieran a los del basurero: ellos no estuvieron en el levantamiento y las bolsas que les entregaron estaban abiertas. Pasó el primer mes.

Los familiares de los desaparecidos –siempre rechazando la versión oficial– siguieron pidiendo que se cumplieran los acuerdos firmados el 10 de octubre, cuando en un encuentro con el titular de la secretaría de gobernación (SEGOB) Miguel Ángel Osorio Chong, el procurador Murillo Karam y el jefe de la oficina de la presidencia de la república, Aurelio Nuno Mayer, la SEGOB asumió el compromiso de presentar un nuevo plan de búsqueda en qué el gobierno se comprometía a buscar los estudiantes vivos.

Sin embargo, como refiere el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (que asiste legalmente las víctimas) los padres denunciaron que no hubo trabajo de inteligencia, de reconocimiento previo de los lugares ni de aseguramiento de las zonas, que los policías llegaban a un poblado y sólo se limitaban a recorrer una o dos calles para regresarse en seguida, negándose a caminar y evitando los puntos de difícil acceso.

Ofrecían vuelos en helicóptero y tomas fotográficas, pero su búsqueda era simulada y superficial. El único operativo que contó con un remarcable número de efectivos fue una expedición al lugar indicado por otro presunto sicario de GU, que durante una borrachera indicó una supuesta Cueva del Diablo como paradero de los normalistas.

Quién estuvo presente, habla de esta operación anfibia como una de las más extrañas que se hayan visto en Guerrero y comenta que si la misma cantidad de elementos policíacos que se ocuparon para darle seguimiento a las palabras del sicario se hubieran ocupado para seguir las pistas de los padres de los normalistas talvez se habría podido lograr algo más efectivo. La única cosa cierta, de hecho, es que el resultado de las dos búsquedas, con y sin vida, fue idéntico: nada. Pasó el segundo mes.

ver màs:
http://subversiones.org/archivos/113269