EL SOCIALISTA 389

CRAC-PC

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martes, 14 de julio de 2015

Guerrero, México. Contra los muros del poder



TLACHINOLLAN
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DE LA MONTAÑA
13 JULIO, 2015
El 17 de junio de 2014, elementos de la policía ministerial acatando las órdenes del entonces Procurador de Justicia Iñaki Blanco, detuvieron a Marco Antonio Suástegui, líder histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP). La perversidad del poder fue acallarlo, desmovilizarlo y someterlo. Fue cobrar venganza por atreverse a encarar al gobernador por su inacción ante los estragos causados por las tormentas Ingrid y Manuel en las comunidades que se encuentran asentadas en los márgenes del río Papagayo.

Después de una serie de violaciones al debido proceso y a una defensa adecuada, la Fiscalía consignó en tiempo record, cinco averiguaciones previas por los delitos de ataques a las vías de comunicación, despojo, lesiones simples, lesiones agravadas y robo. Estas irregularidades han sido evidenciadas en dos juicios de amparo interpuestos ante la justicia federal que tuvo a bien atender y proteger al líder del CECOP. En primer lugar se interpuso el amparo 1034/2014 contra el auto de formal prisión que demostró las violaciones al debido proceso, entre ellas que a la hora de tomar la declaración de Marco Antonio en ningún momento se le permitió contar con un abogado de su confianza; tampoco se le dio oportunidad de que pudiera comunicarse con su familia; no se tomó en cuenta su autoadcripción como miembro de un pueblo indígena y además nunca se le informó de los delitos que se le acusaba. Este derecho al debido proceso también se vio agravado cuando su declaración no fue recabada dentro del plazo constitucional, sino hasta seis días después.

En segundo lugar, varias irregularidades en el proceso penal iniciado contra Marco Antonio, quedaron evidenciadas en el amparo contra su traslado 649/2014, en el cual se demostró la ilegalidad de su traslado al Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) número 04 Noreste ubicado en Tepic, Nayarit, debido a que el traslado no fue justificado dentro del proceso jurídico por las autoridades estatales que así lo solicitaron. Esta acción irregular violó las garantías a la legalidad, a su derecho a una defensa adecuada y a un trato igualitario ante la ley. A pesar de la decisión del Poder Judicial de la Federación, el Ejecutivo estatal demoró sin fundamento el traslado del integrante del CECOP a Guerrero, lo que dejó en claro el uso faccioso de la ley cuyo fin perverso es castigar a quienes se atreven a cuestionar los actos impunes de los gobernantes. Otra de las inconsistencias que se ha podido demostrar es la carencia de pruebas existentes en la causa penal, al grado que no se ha logrado acreditar fehacientemente que Marco Antonio cometió los delitos que se le imputan.

Estas violaciones procesales debilitan toda la causa penal y por lo mismo, ponen en cuestión a la misma autoridad judicial que ignora y no toma en cuenta estas irregularidades que ameritan que Marco Antonio alcance su libertad inmediata, amén del cumulo de pruebas que se han aportado y que demuestran de manera contundente su inocencia.

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http://www.tlachinollan.org/opinion-contra-los-muros-del-poder/