EL SOCIALISTA 389

domingo, 11 de octubre de 2015

México. Declaraciones de Cienfuegos: intento por encubrir al ejército en el caso Ayotzinapa

El pasado 7 de octubre el General Salvador Cienfuegos, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) reiteró -como ya lo había hecho el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong en su momento- que no permitirá que se hagan entrevistas a los militares del 27 Batallón de Infantería de Iguala Guerrero. Esta muestra de impunidad e injusticia se suma a los delitos del Estado mexicano y su brazo armado, el ejército, en contra de los trabajadores y el pueblo pobre del país.



LA IZQUIERDA DIARIO
Tania VonkI
Sábado 10 de octubre de 2015
En una muestra de claro cinismo, Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), declaró que el ejército “continuará protegiendo” a la sociedad mexicana en cuestiones de seguridad, sin embrago, sus primeras declaraciones en torno al caso Ayotzinapa, demuestran que Cienfuegos ha mentido para encubrir la participación del ejército, cuyas acciones y omisiones fueron bajo mandato del gobierno, que intenta encubrir la verdad del caso.

El pasado mes de julio Cienfuegos se ufanaba de la falta de participación de las fuerzas militares la noche del ataque en contra de los normalistas por la supuesta “falta de personal y vehículos en la zona militar de Iguala para atender la emergencia”, lo cual ha sido desmentido por las mismas declaraciones de los militares del 27 Batallón de Infantería -quienes reiteraron lo dicho en el informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA)-, al afirmar que en Iguala había un operativo de vigilancia de militares y de miembros de la marina, divididos en 8 sectores de la zona.

Cienfuegos, cínicamente afirmó que era bueno que el ejército no hubiera participado en los hechos de la noche del 26-27 de septiembre del año pasado, porque “de haber salido hubiéramos creado un problema mayor”, ya que de haber estado presentes se hubieran puesto del lado de las fuerzas policiales “que hoy sabemos que estaban coludidas”, dijo afirmando que el crimen en contra de los normalistas había sido perpetrado por las fuerzas de la policía estatal de Guerrero en colusión con el narcotráfico.

Suena extraño que con tal despliegue de fuerzas, el Estado no haya hecho nada por evitar los crímenes ni detener a los culpables, excusándose bajo el argumento de que se encontraban ocupados atendiendo la volcadura de un camión que transportaba sustancias químicas, y que fue hasta después de las 10 de la noche que regresaron al cuartel.

Según las declaraciones que se hicieron públicas de los miembros del 27 Batallón, el ejército patrulló la zona alrededor de las 10 de la noche, encontrando en el hospital Cristina a un grupo de estudiantes sobrevivientes y uno de los heridos de esa madrugada.

Además, los soldados resguardaron esa noche el lugar donde quedaron dos de los estudiantes muertos tras los ataques y donde apareció, la mañana siguiente, Julio César Mondragón asesinado con rastros de tortura y sin rostro.

Raúl Benítez Manaut, experto en seguridad nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que si está documentado el hecho de "que agentes de inteligencia militar estuvieron en los acontecimientos, eso es razón suficiente para que haya una reapertura de la investigación completa".

A pesar de ello, el general Cienfuegos Zepeda miente diciendo que los cuarteles están abiertos al público, contradiciéndose a sí mismo al declarar que el cuartel de Iguala no se abre, porque “se está tratando a los militares como criminales”. Su declaración, lejos de apelar a la moral, como un claro intento de desvío de sospechas en su contra. También la remoción del coronel José Rodríguez Pérez, quien se encontraba a cargo del Batallón 27 de Infantería hasta fines del pasado mes de julio, es una muestra de que el gobierno no cooperará en buscar justicia.

Cienfuegos invalidó el trabajo del GIEI, en una clara postura defensiva, diciendo que “no permitirá que los militares sean interrogados por extranjeros” sino solamente rendirán declaraciones ante las autoridades mexicanas, porque la CIDH busca “desprestigiar al ejército”, aseguró con profunda molestia.

La fiscal general, Arely Gómez, hermana de Leopoldo Gómez, vicepresidente de Televisa, tampoco respondió a las preguntas sobre el papel que jugó el ejército.

Este, como otros tantos casos que aquí denunciamos, muestra las manos manchadas de sangre del ejército, con aval del Estado para torturar, desaparecer y ejecutar extrajudicialmente: Ostula, Tlatlaya, Calera, Tlatelolco, Jueves de Corpus, Acteal, Aguas Blancas, Atenco.

Miles de denuncias en contra del ejército mexicano presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por graves violaciones a los derechos humanos, son muestras de que la impunidad está a la orden del día y la participación del Batallón 27 de Infantería de Iguala es un factor clave.

Ante las declaraciones de Cienfuegos la CIDH manifestó su descontento, y anunció que el próximo 20 de octubre realizará una audiencia de oficio para presentar el informe “Investigaciones y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas en Ayotzinapa”. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, también opinó sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014 diciendo que “es un ejemplo de la ola de violaciones a los derechos humanos que tienen lugar en México”.

Los crímenes de las fuerzas armadas bajo cobijo del gobierno en sus distintos niveles, muestran que los intereses del Estado están en contra del pueblo pobre y trabajador.

Es de suma importancia que el movimiento por la aparición de los 43 normalistas, tome como eje de lucha la exigencia de que se abran las instalaciones del 27 Batallón de Infantería de Iguala, que se destapen los datos que la SEDENA ordenó reservar por 12 años y que se investigue a los militares como principales sospechosos de la muerte y desaparición de las víctimas en el caso. Así como a la guardia federal y a los funcionarios involucrados, empezando por José Luis Abarca y su esposa Ángeles Pineda. No queremos un muerto más a causa del gobierno y sus instituciones podridas.

Con información de Ultra Noticias, La Jornada y Excélsior.

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