GUERRERO

jueves, 3 de marzo de 2016

México. Los despidos de los maestros



págin@bierta
Por Dr. Manuel Fuentes Muñiz
*Ex dirigente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos
3 marzo, 2016
Estas autoridades no reconocen de ninguna manera los actos arbitrarios cometidos en todo el país en contra de los maestros que se oponen.
Se han empezado a aplicar los primeros despidos, en diversos estados de la República, en contra de maestros a quienes se les acusa de no haberse presentado a los exámenes de evaluación. Se dice en estos comunicados, escritos en un mismo formato, que estos ceses no vulneran “…el derecho humano a la estabilidad en el empleo…” (¡¡¡!!!).

Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, como subido en un tabique que le otorga el autoritarismo de Estado, dijo que el cese se aplicará sobre 3 mil 360 docentes y que está medida tendrá efectos inmediatos. Que no tendrán una tercera oportunidad ni a una indemnización. Que es una decisión irrevocable, que no tiene vuelta y que así lo marca la ley, su ley…

Los comunicados de despido se basan en las irrazonables jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia (tan cuestionada por su servilismo al presidente) emitidas en septiembre pasado que señalan que el Servicio Profesional Docente y sus artículos que lo componen “no vulneran el derecho humano a la estabilidad en el empleo” (¡¡¡!!!) que tampoco “vulneran el principio de progresividad” (¡¡¡!!!) ni “…el derecho a la irretroactividad de la ley en perjuicio del personal docente” (¡¡¡!!!).

Los ceses de los maestros los firman con orgullo (sin vergüenza y cinismo) los secretarios de educación estatales. Parecen sentirse como héroes de la patria al firmar los despidos de su puño y letra. Señalan que estas acciones (arbitrarias) son una manera de ofrecer una educación de calidad (?) y señalan sin empacho:
“Máxime que el derecho de los menores son considerados (sic) por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tratados internacionales como interés superior de la niñez y se deben anteponer ante cualquier otro derecho en pugna como el derecho laboral (sic) que pretende hacer la C…”.

Los avisos de cese concluyen:
“…Esta autoridad educativa ha decidido dar por terminados los efecto(sic) del nombramiento de la C…, con categoría: maestra de…, con RFC…, clave presupuestal…, adscrita a… ubicada en el municipio de… del estado de…, lo que hago de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.  El citado nombramiento quedará sin efectos a partir del día 1 de marzo de 2016”.

Sin embargo, estas autoridades no reconocen de ninguna manera los actos arbitrarios cometidos en todo el país en contra de los maestros que se oponen a que se vulneren sus derechos humanos.

Las supuestas notificaciones que se han realizado a los docentes en las últimas semanas para convocarlos a participar en los procesos de evaluación han sido totalmente irregulares.  Las autoridades estatales, esas que ahora firman los avisos de despido no reconocen no haber respetado un mínimo de legalidad como lo marca el artículo 16 constitucional:
“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

Los supuestos avisos que hicieron las autoridades se hicieron de manera verbal en su mayoría, sin cumplir con ningún acto de legalidad. No existieron escritos firmados por una autoridad educativa ni dirigidos a los docentes para que acudieran a la evaluación.

La Ley del Servicio Profesional Docente obliga a la autoridad a avisar del inicio del proceso de evaluación con al menos tres meses de anticipación, ello no ocurrió en ningún caso. Estas notificaciones irregulares se dieron con pocos días de anticipación.  En documentos recibidos estas últimas horas por los docentes acusados, las propias autoridades reconocen con todo cinismo haberlas entregado con dos días de anticipación. A pesar de ello acusan al maestro como un ser irresponsable y como al peor de los delincuentes para justificar su separación.

El Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula Puebla en el expediente 1322/2015-VII acaba de otorgar un amparo el pasado 17 de febrero de 2016 en una sentencia sin precedentes expresando que notificaciones como las que realiza la autoridad educativa no se ajustan a los requisitos constitucionales del artículo 16 y son violatorios de sus derechos humanos.

La decisión de este valiente juez, es solo una muestra de cómo la autoridad se condujo sin respetar derechos humanos de los docentes en los procesos de evaluación del periodo 2015.
Es evidente que estos ceses serán anulados al no poder demostrar la autoridad la legalidad de sus actos.  Sin embargo, pretenden que sea a través de largos juicios ante tribunales laborales como se resuelva este conflicto, lo cual no es justo porque se priva, en un acto despótico, del salario a esos docentes.

Lo lamentable de estos hechos es que la autoridad demuestra una soberbia ciega que le impide reconocer sus errores y sin empacho enfrenta al magisterio en un acto claro de provocación.
Sin embargo, al contrario de lo deseado por los burócratas que tienen en la bancarrota a este país, los despidos arbitrarios no socavarán al movimiento magisterial que exige restaurar sus derechos humanos laborales pisoteados con esta mal llamada reforma educativa.

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