EL SOCIALISTA 389

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viernes, 13 de mayo de 2016

Guerrero, México. Liberan bajo fianza en Ayutla a seis comunitarios presos casi tres años; Arturo Campos se queda

La Cdi pagó 10 mil 455 pesos por cada uno de los liberados. Estaban prisioneros acusados de secuestro, portación de armas y delincuencia organizada. Seguirán apoyando la lucha para liberar al resto de los presos políticos, declaran al salir. Agradecen el apoyo del magisterio, convocan a unirse al movimiento de los maestros y exigen la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Recuerdan al luchador social Bertoldo Martínez



El Sur
Periódico de Acapulco
Jacob Morales Antonio
Ayutla
Mayo 13, 2016
Luego de 32 meses y 12 días presos, ayer fueron liberados los seis policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de El Paraíso, detenidos el 21 de agosto de 2013 en una aparatosa operación de la Marina, el Ejército y policías federales, durante el gobierno del defenestrado gobernador Ángel Aguirre Rivero.

La liberación de los indígenas na savi Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Ambrosio Francisco, Florentino García Castro y Benito Morales Bustos estaba programada para las 2 de la tarde, pero fue hasta las 8:37 de la noche de ayer cuando salieron por la puerta de la cárcel de Ayutla, donde los esperaban sus esposas, hijos y otros familiares.

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Henández acusó que hubo “falta de voluntad” y discriminación del gobierno al retardar la liberación 7 horas, a pesar de que se había pagado la fianza de 10 mil 455 pesos por cada uno de los presos, a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi).

Los seis presos fueron acusados de secuestro, portación de armas y delincuencia organizada, los mismos delitos que le imputaron a la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García -detenida también el 21 de agosto de 2013 y liberada el 18 de marzo-.

Tres juzgados federales reconocieron el sistema de justicia comunitario. El 28 de diciembre del 2013 el juez Tercero de Distrito de Acapulco dictó auto de libertad por portación de armas, el 24 de marzo de 2014 el magistrado del Primer Tribunal Unitario de Circuito concedió la libertad en apelación contra el auto formal prisión que emitió el juez Séptimo de Distrito por delincuencia organizada, y el 10 de noviembre del 2015 el juez Sexto de Distrito de Acapulco resolvió el amparo contra el auto de formal prisión por secuestro.

Con estos antecedentes el juzgado Mixto de Allende, en Ayutla, otorgó la libertad a los seis integrantes de la CRAC, y la jueza de Tlapa reclasificó el delito de secuestro al de privación de la libertad, que alcanza fianza.

Arturo Campos

En la cárcel de Ayutla permanece el promotor de la CRAC, Arturo Campos Herrera, quien fue detenido el 1 de diciembre de 2013 en Chilpancingo, enfrenta los mismos cargos que sus seis compañeros pero no salió en libertad porque el juzgado de Tlapa consideró que debe terminar el proceso y no aceptó el auto de formal libertad por secuestro, mientras que en el juzgado de Ayutla hay una apelación del inculpado y no se puede proceder, informó el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Rogelio Téliz García.

Desde las 12 del día las seis esposas y familiares de los presos llegaron a la cárcel de Ayutla, todas indígenas, cinco na savi de la comunidad El Paraíso que vestían huipiles de colores muy vivos, y la señora Margarita García esposa de Benito Morales, de origen Tlapaneco quien vive en la cabecera. En los rostros de las mujeres indígenas se podía percibir su alegría.

Minerva Donaciano de Jesús, esposa de Ángel García García, dijo que siente coraje porque el gobierno encerró a los policías comunitarios a pesar de sabe que son inocentes y que sus actividades tienen el respaldo de las comunidades que los nombró autoridades. Además los protege la Ley 701 de cultura indígena.

“A mí me gustaría que todos esos malditos gobiernos que hicieron que nuestros esposos estuvieran encarcelados injustamente y dejándonos a nosotras sus esposa con hambre, que se les castigue, a los que hicieron esto, no porque somos indígenas nos hagan como quieran”, reprochó.

La libertad

A las 7:45 de la noche el director de Tlachinollan, Abel Barrera y el abogado Rogelio Téliz entraron al penal con la boleta que desde antes de las 2 de la tarde estaban esperando que fuera enviada a la cárcel para que dejaran salir a los presos, que desde las 2 de la tarde hacían llamadas preguntando si ya iban a salir.
A las 8:15 los presos pasaron a la antesala de la cárcel, y uno a uno firmaron un documento de su salida del penal. Ahí llegó el juez del juzgado de Ayutla, Julio Obregón.
Los presos estaban sonrientes, portaban sus pertenencias y sillas de madera que fabricaron dentro de la cárcel.

A las 8:37 de la noche la espera de los familiares terminó, uno a uno de los presos salieron. Los integrantes de la CRAC se colocaron en fila frente a la puerta de la cárcel y desde ahí agradecieron a quienes exigieron y lucharon por su libertad.
Informaron que seguirán apoyando la lucha para liberar al resto de los presos políticos, como Gonzalo Molina y Samuel Ramírez, encarcelados en Chilpancingo, y Arturo Campos quien quedó en la cárcel de Ayutla.

Los policías comunitarios agradecieron el apoyo del magisterio guerrerense y convocaron a los pueblos a unirse a la lucha de los maestros.
Exigieron la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, y justicia para los estudiantes asesinados el 26 de septiembre de 2014 en Iguala.

Los integrantes de la CRAC manifestaron que no desistirán en la lucha por el reconocimiento pleno de los derechos humanos de los pueblos indígenas, y que la Policía Comunitaria no sea vista como una organización criminal, porque está respaldada en la Ley 701 del estado de Guerrero, además es regida por los pueblos que nombran y quitan a sus autoridades.

En el acto no hubo representantes de los policías comunitarios. Los excarcelados salieron vestidos de civil, no portaron el uniforme de la policía comunitaria, como lo hizo Nestora Salgado cuando salió de prisión.

Aguirre Rivero trató de desmantelarlos cuando era gobernador

El policía comunitario Ángel García fue el primero en tomar la palabra y recriminó al defenestrado gobernador Ángel Aguirre Rivero que trató de desmantelar a la CRAC, y persiguió a sus integrantes como delincuentes hasta encarcelarlos. Dijo que su libertad demostró que son inocentes y no criminales como el gobierno quiso que se viera.
Llamó a la unidad para que el sistema comunitario sea reconocido y demandó justicia para los policías comunitarios que han sido asesinados, como cuatro de sus compañeros ultimados en Tixtla el 26 de noviembre del 2015.

Bernardino García dijo que la CRAC lo único que ha perseguido es la paz y la seguridad de las comunidades, y vivir tranquilos, y sostuvo “no daremos un paso atrás”.
El comunitario Florentino García afirmó que la lucha no terminó con la liberación de ellos, y ante la esposa de Arturo Campos prometió que seguirán exigiendo su libertad. Recordó que fue encarcelado injustamente.

Eleuterio García dijo que “al gobierno le gusta castigar a gente inocente”, como a los indígenas, pero ahora que estuvo en la prisión conoció cómo trabaja el gobierno para culparlos, y con mayor razón y fuerza luchará por los presos políticos.

Abad Ambrosio expresó que no era delincuente y que fue injusto su castigo. Explicó que se unió al proyecto de la CRAC para dar seguridad a la población y no para buscar un puesto político.
“El gobierno quiere a la gente indígena dormida, no quiere a quien lucha por el pueblo”, expuso.
Censuró que el gobierno haya pisoteado la Ley 701 que defiende los derechos de los indígenas, “la ley fue pisoteada por Ángel Aguirre Rivero, quien nos dio un fuerte golpe”.

El policía comunitario agradeció a los integrantes del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG) su apoyo y recordó al dirigente de la organización, Bertoldo Martínez Cruz, quien murió el viernes pasado y fue un incansable luchador por la libertad de los presos políticos.
Benito Morales apenas pudo agradecer a los presentes su apoyo porque estaba afónico.

El gobierno, responsable de cualquier agresión

Al finalizar los agradecimiento se escuchó “Arturo, nos vamos, pero regresamos”. La esposa del promotor de la CRAC, Agustina García de Jesús, llorando dijo que su esposo permanece encarcelado porque sabe organizar a la gente y eso no le conviene al gobierno.
Denunció que en las comunidades indígenas donde hay violaciones a niñas y asesinatos el gobierno no los considera delitos y no hay castigo para los responsables, pero sí para quien “organiza al pueblo”, y agregó “el gobierno encarcela a inocentes y los delincuentes están fuera, ¿acaso es porque somos indígenas?”.
Responsabilizó al gobierno “de cualquier cosas que nos pase a nosotros, (a los seis presos que salieron y a ella). Hago responsable al gobierno, municipal, estatal y federal”. Reiteró que la tarea del gobierno es la división de los pueblos.

Se ganó por la vía legal, no hubo delitos

El abogado de Tlachinollan, Téliz García dijo que no se iban del todo felices porque dejaron a Arturo Campos en la cárcel, luego de que el gobierno de Aguirre Rivero los exhibió como delincuentes, pero “por la vía legal demostramos que los compañeros no cometieron delitos”.
Prometió que no van a descansar hasta sacar a todos los presos de la CRAC de la cárcel. Sostuvo que “para el Estado la comunitaria es una organización criminal, cuando lo único que hace es dar seguridad”.
El abogado lamentó el actuar del gobierno del estado que a pesar de que no puede garantizar la seguridad de la población, y menos en las comunidades alejadas donde la gente se ha organizado para protegerse, los persiga.
A nombre de los padres de los 43 estudiantes de los desparecidos, el señor Hermenegildo Ortega agradeció el apoyo a los excarcelados a la lucha por la presentación de los estudiantes detenidos-desaparecidos por policías en Iguala. Al término de las participaciones las esposas e hijos abrazaron a los policías comunitarios en libertad.

Negligencia, discriminación y trato cruel a los presos políticos indígenas

En declaraciones el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández denunció que durante 7 horas el gobierno retrasó la salida de los policías comunitarios a pesar de la resolución judicial, y que faltó voluntad política “y falta una postura de reconocer la aportación y los derechos de los pueblos indígenas”.
Dijo que Tlachinollan desde muy temprano envió abogados a los juzgados de Tlapa y Ayutla para agilizar los trámites pero la jueza de Tlapa no estaba en el penal y tampoco el de Ayutla, mientras que los responsables a cargo no quisieron hacer el trámite, “veo que hay una postura de discriminar, de ignorar y de postergar el trámite por mera burocracia”.
“Aquí en la cárcel decían que por un error en el número (de la boleta) se iba a retener la salida, es decir, cómo se obstinan en las cuestiones meramente legaloides y no de fondo, aquí la juez ya determinó que salían libres y se pagó la fianza. Vemos un problema de negligencia de trato discriminatorio y cruel hacia los compañeros”.

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http://suracapulco.mx/2/liberan-bajo-fianza-en-ayutla-a-seis-comunitarios-presos-casi-tres-anos-arturo-campos-se-queda/