viernes, 20 de mayo de 2016

México. Editorial de El Insurgente #170



CEDEMA.ORG
Centro de documentación de los movimientos armados
Fecha: 2016 05 20
Grupo: Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario
EL INSURGENTE, ÓRGANO DE ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DEL PDPR-EPR
AÑO 20 | Nº 170
MAYO DE 2016
El 25 de mayo se cumplen nueve años de la detención desaparición forzada de nuestros compañeros
Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, en la ciudad de Oaxaca en el contexto de la
represión generalizada contra el movimiento magisterial-popular, que exigía la renuncia del gobernador Ulises Ruiz Ortiz por represor entre otras demandas populares.

Durante este tiempo ha quedado comprobada la responsabilidad intelectual y material del Estado
mexicano, en el cometido de este crimen de lesa humanidad, lejos de quedar en el olvido, como lo
pretendió el Estado, hoy se reivindica como una bandera de carácter popular nacional.

En la lógica de los criminales de Estado por la magnitud del fenómeno nuestro pueblo debería estar
inerme y sumido en la resignación individual, pero el temor y el dolor infringidos desde el poder burgués han sido superados y gradualmente transformados en indignación y lucha popular combativa.

En su política represiva el gobierno antipopular la detención desaparición forzada de personas por
motivos políticos o sociales es parte del terrorismo de Estado y como fenómeno en constante crecimiento se convierte en una práctica e instrumento contrainsurgente para intentar sofocar el descontento popular.

Desde las instituciones de la actual junta administrativa de los intereses burgueses se “pretende”
resolver las detenciones desapariciones forzadas sobre la base de nuevos crímenes de Estado; tapar las fosas clandestinas donde yacen las pruebas fehacientes del crimen con la tierra de otras fosas y más cuerpos de víctimas; a los cientos de miles de desaparecidos de manera forzada condenarlos al olvido mediático con nuevas y múltiples desapariciones forzadas; a los torturados se les condena al silencio y a la revictimización con tormentos más crueles para que no hagan denuncia política y mantenerlos prisioneros; a la violencia del Estado se le agrega más violencia de clase contra el pueblo.

La actitud política del gobierno mexicano respecto a la desaparición forzada demuestra que él, como
parte del Estado es responsable de tan deleznable política. Su doble moral y racero profascista respecto al fenómeno en cuestión y ante los demás crímenes de lesa humanidad, son muestra que la actitud de la actual junta administrativa lejos de resolver el problema lo perpetúa con mayor fuerza para diseminar el terror sobre el pueblo y mantenerse en la impunidad.

La propuesta de ley que sanciona la desaparición forzada hecha desde el Ejecutivo y respaldada por
políticos de oficio progobiernistas, en tanto que no recoge las propuestas de los familiares de las víctimas, organizaciones defensoras de los derechos humanos de carácter independiente y de las organizaciones populares, constituye el nuevo intento de ahogar en la maraña burocrática-jurídica la exigencia de la presentación con vida de los detenidos desaparecidos y del castigo a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad.

El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) arroja la confirmación
irrebatible de la existencia del terrorismo de Estado y de un Estado policíaco-militar responsable de toda la violencia que se ejerce contra el pueblo. Es la confirmación del cometido de infinidad de crímenes de Estado y de lesa humanidad en México.

La contraargumentación del gobierno mexicano contra las voces y esfuerzos que contribuyen al
esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad carece de criterios científicos, la ciencia y la técnica las vuelcan en instrumentos de coacción e imposición oligárquica, en una forma para extender los efectos del terrorismo de Estado que parte de la violencia institucional que se ejerce contra todo aquel que no se sujete al régimen.

A todos los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado les ratificamos que el dolor e
indignación que provocan los crímenes de lesa humanidad tiene que transformarse cuantitativa y
cualitativamente en acción revolucionaria. La lucha por los detenidos desaparecidos y no más crímenes de lesa humanidad debe estar vinculada necesariamente a la revolución socialista.

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