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jueves, 22 de septiembre de 2016

MÉXICO. AYOTZINAPA, CAPITALISMO Y MILITARIZACIÓN. RESEÑA DEL LIBRO “LA GUERRA QUE NOS OCULTAN”



CARABINA 30-30
22 de septiembre 2016
Por Tomás Holguín
Ubiquémonos en el Campo Militar 1A del Ejército mexicano, en la Ciudad de México, epicentro del poder de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Aquí, hace unos días, en el aniversario de la independencia de México, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Enrique Peña Nieto (EPN), realizó una ceremonia y el sorteo magno de la Lotería Nacional. Para el 2018, el poder de este campo se afianzará con la entrada en funciones del Centro de Operaciones del Ciberespacio, destinado a la seguridad y el espionaje cibernético.

En la historia reciente de México, documentos y testimonios dan cuenta del uso de este campo militar como prisión para civiles y desaparición de opositores al régimen. Aquí estuvieron encarcelados luchadores del Movimiento Estudiantil de 1968; y fue el último lugar donde se vieron con vida a Edmundo Reyes y Alberto Cruz, guerrilleros del EPR, desaparecidos en el 2007 [1].

Desde este mismo lugar se registró actividad del celular de Julio César Mondragón Fontes los días 21, 23, 25, 27 de octubre, 2 de noviembre y 1 de diciembre de 2014. ¿Qué hacía Julio César en dicho campo militar esos días? Nada, porque él ya había sido torturado y asesinado en la noche terrible de Iguala del 26 al 27 de septiembre de 2014. Su cuerpo fue encontrado con su rostro desollado y los ojos enucleados, trabajo realizado por unas manos que recibieron adiestramiento altamente especializado;  algo que han intentado realizar los miembros del crimen organizado para intimidar a sus contrarios, pero fracasando en ello; es más fácil desfigurar los rostros con ácido o descuartizar los cuerpos. Julio César es penosamente recordado por esa imagen, subida misteriosamente a redes sociales; una imagen destinada a infundir terror. Esa misma noche fueron asesinadas otras 5 personas  –2 normalistas, 1 futbolista, 1 chofer y 1 pasajera de taxi–, y desaparecidos 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa.

La última actividad del celular de Julio César se dio el 4 de abril de 2015 en las afueras del Cisen. Así es, el Cisen; y no fue el único registro desde ese lugar. También existe el registro de otra llamada proveniente de un conmutador del Senado de la República el 13 de octubre de 2014. ¿Quién tenía su celular?

El caso de Julio César es clave para entender lo que pasó esa noche en Iguala. Estos registros de la sábana (registro) de llamadas del celular de Julio César -la cual desconocieron los investigadores del GIEI-, hacen evidente el involucramiento del Ejército en los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Esta sábana de llamadas se encuentra en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Secuestro de la PGR, a la cual tuvieron acceso los periodistas Francisco Cruz, Félix Santana Ángeles y Miguel Ángel Alvarado; que reportan en su libro La guerra que nos ocultan.

Esta información y otros detalles son documentados en el libro, involucrando al Ejército y la Policía Federal en los hechos de Iguala, algo que no ha sido aclarado hasta el momento por la investigación oficial.

Los autores también ofrecen información que muestra la realidad social de Guerrero y otros estados del sur de la república como Oaxaca, Chiapas y Michoacán. Con estos datos, ellos confirman las tesis sostenidas por el Partido Obrero Socialista en sus congresos desde el 2013 y su revista Pluma. Por ejemplo, hemos manifestado que en el sur de México se vive un ambiente pre-insurreccional y se gesta un nuevo levantamiento popular e indígena [2].

Esta realidad también la entiende el Estado. Con retenes, cuarteles, guarniciones, sectores, 45 zonas militares del Ejército, 8 regiones navales y 12 del Ejército, las Fuerzas Armadas buscan el control efectivo de la población. En el estado de Guerrero, por ejemplo, las policías se encuentran al mando de militares y sus elementos son entrenados en campos militares. México es la segunda potencia militar de América Latina (después de Brasil); desde el 2006 el gasto para equipamiento militar pasó de 2 mil 600 millones de dólares a 7 mil 900 millones. Más aún, el artículo 29 de la Constitución se ha modificado recientemente para facultar al Presidente de la nación para decretar el estado de excepción, con el cual se suspenden las garantías individuales, el orden legal, y se criminaliza –legalmente– la protesta social. Por si fuera poco, ahora el Ejército también puede obtener órdenes de cateo a domicilios particulares, oficinas del gobierno federal y a las dos cámaras del Congreso de la Unión [1].

En el invierno de 2014 en el POS declaramos “que en la toma de la decisión de exterminar a los jóvenes [de Ayotzinapa] participaron los gobiernos federal, estatal y el Ejército. Es decir, algún alto funcionario del Gobierno de EPN –si no es que éste mismo–, el gobernador Ángel Aguirre junto con gente de su entorno, y algún mando del Ejército” [3]. En La guerra que nos ocultan, los autores fundamentan la tesis de que lo sucedido la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala fue un operativo de contrainsurgencia destinado a golpear mortalmente al normalismo rural [1], puntal de las luchas de resistencia al capitalismo en las comunidades del sur.

En este sentido, otra tesis que encontramos en La guerra que nos ocultan es la del interés económico que tienen las empresas mineras en amplios territorios del sur de México, y su colusión con funcionarios de gobierno, militares y narcotraficantes para desplazar comunidades enteras. Es una tesis ampliamente fundamentada, la cual es parte del trasfondo que permite entender lo acontecido en la noche de Iguala [1].

Pero La guerra que nos ocultan trasciende el caso de la noche de Iguala –partiendo de él– para desentrañar los lazos existentes entre empresas transnacionales (mineras), narcotraficantes y gobierno, así como la represión que se orquesta contra campesinos, trabajadores agrarios, indígenas, maestros, estudiantes, barrios y comunidades enteras que luchan contra los intereses del gran capital en esas tierras del sur de México; lucha de clases al rojo vivo.

En el número 27 de la Revista Pluma declaramos y aún seguimos sosteniendo, que Ángel Aguirre, su secretario de seguridad, su procurador, los jefes del 27 Batallón del Ejército, el jefe de la Policía Federal y Enrique Peña Nieto deben ser arraigados e investigados como co-autores intelectuales sospechosos del crimen [3].

Referencias:
[1] F. S. Á. M. Á. A. Francisco Cruz, La guerra que nos ocultan, Ciudad de México: Planeta Mexicana, 2016.
[2] XV Congreso del Partido Obrero Socialista, «Un pacto contra México,» Pluma. Revista teórica marxista de política, arte y cultura, nº 22, pp. 4-6, 2013.
[3] C. Ruiz, «El mayor crimen político en décadas. Estos son los responsables.,» Pluma. Revista marxista de política, arte y literatura., nº 27, pp. 3-5, 2014.

ver más:
http://www.30-30.com.mx/ayotzinapa-capitalismo-y-militarizacion-resena-del-libro-la-guerra-que-nos-ocultan/