miércoles, 5 de octubre de 2016

Chihuahua, México. Denuncian amenazas en contra de la abogada del pueblo rarámuri

Estela Ángeles es activista por la defensa de tierras



La Jornada
José Antonio Román 
Miércoles 5 de octubre de 2016, p. 4
Diversas organizaciones de derechos humanos denunciaron nuevas amenazas y agresiones en contra de Estela Ángeles Mondragón, abogada y luchadora social por la defensa y recuperación de tierras para el pueblo rarámuri, en la sierra de Chihuahua.

Los hostigamientos en contra de la abogada, que incluso tiene medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), forman parte de una reacción por la obtención de 32 sentencias favorables al pueblo Rarámuri de Baqueachi para restituirle cerca de 22 mil hectáreas de su territorio, en contra de los ganaderos de la zona.

Las organizaciones y colectivos de derechos humanos exigieron a la policía estatal reanudar las medidas cautelares, consistentes en rondines policiacos en la comunidad de Baqueachi, y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que se pronuncie sobre las omisiones estatales que han favorecido el despojo del pueblo Rarámuri y sobre las agresiones en contra de la comunidad y su defensora.

Responsabilizaron de cualquier agresión en contra de la abogada a los ganaderos del municipio de Carichí, encabezados por su asesor, Tomás Humberto Ruiz Mendoza, quien este mismo año ha proferido amenazas y calumnias en contra de la defensora, así como de Jesús María Sandoval Espino, Abraham Palma Fierro, Carlos Torres Herrera e Isaías Martínez Torres.

La restitución de derechos –28 de las 32 sentencias se han recuperado con el apoyo de la fuerza pública– ha generado desde hace varios años amenazas y agresiones en contra de Estela Ángeles Mondragón. En febrero de 2010 la hija de Estela sufrió un ataque armado, y ese mismo año, en el mes de marzo, su esposo Ernesto Rábago Martínez, también defensor de derechos humanos, fue asesinado.

A estos hechos se suman ataques a sus oficinas, donde se lanzaron dos bombas molotov, además de las constantes amenazas, hostigamiento y agresiones contra Estela y la organización Bowerasa AC.

Entre las organizaciones que denunciaron esta situación están las 84 que conforman la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), además de los Centros de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Tlachinollan, Zeferino Ladrillero, Miguel Agustín Pro Juárez, Fray Bartolomé de las Casas, el Centro de los Derechos del Migrante, y el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad. En total, más de cien colectivos.

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http://www.jornada.unam.mx/2016/10/05/politica/004n3pol